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martes, 25 junio, 2024

La Corte Suprema sigue con atención el juicio político y advierte que la acusación de los K «no se sostiene»

La comisión de Juicio Político de Diputados retomará el martes el proceso de enjuiciamiento por mal desempeño contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y se espera el cierre de la causal por las presuntas irregularidades en la obra social para pasar luego al fallo del máximo tribunal que ordenó que se le restituya un porcentaje de coparticipación que se le quitó a la Ciudad.

Mientras avanza el proceso en la comisión que preside Carolina Gaillard y que controla el kirchnerismo, en Tribunales siguen con atención el desarrollo en el Congreso, pero con la lógica jurídica. Y en este punto destacan que los funcionarios de la Corte, tanto auxiliares como secretarios, se presentaron a declarar, más allá de alguna reprogramación de la testimonial.

Además fueron girados a la comisión los cuatro informes vinculados a la obra social de los judiciales que pidieron los diputados. «El diálogo entre los poderes es perfecto, pero injerencia de poderes, no»,  le dijo a Clarín una importante fuente judicial. «Si el Congreso o el Presidente decidieron que hay que avanzar con este proceso, la Corte no pone trabas», remarcó.

Sobre la causa que se debate en Diputados relacionada con la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) indicaron que si hay alguna denuncia se toma el trámite administrativo, pero jurídicamente «no tiene peso». Sin embargo, la presentación del ex administrador de la Corte Héctor Marchi causó «sorpresa» entre los judiciales no porque pasó por la comisión ni tampoco por su testimonio.

«Se tenía todo eso guardado durante 15 años, pero todo lo puso en potencial», apuntó un funcionario ante una consulta de este diario sobre los dichos de Marchi, que estuvo tres horas declarando ante el juez Ariel Lijo, y según trascendió «no hubo una imputación clara».

En cuanto a la presentación de Aldo Tonón, en el palacio de la calle Talcahuano sólo destacaron que el ex director de la obra social sólo admitió la falta de certificación de los balances, algo que ya fue señalado por otros testigos, pero «si no hay denuncia jurídica, todo se reduce al impacto mediático».

En el resto de su testimonial, Tonón se amparó más en el artículo 18 (nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo) que a responder a las preguntas de los diputados.

Cuatro meses de audiencias

Tras estos cuatro meses de reuniones quedaron varios hechos que en algún momento pueden afectar al trámite legislativo. En las primeras dos sesiones, por ejemplo, los testigos dejaron grabado el domicilio. Además, Tonón, quien fue citado a declarar a través de una resolución de Lijo, fue con su abogado Mauricio D’Alessandro, pero le impidieron que asista al ex funcionario, lo que fue interpretado como una retracción del derecho de defensa.

Otro hecho involucró a Federico Morgenstern, de la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz, quien al declarar en la causal por el fallo del 2×1 de la Corte a favor del represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, se amparó en el secreto profesional y Gaillard intervino diciendo que lo dispensaba de toda responsabilidad, lo que fue interpretado como una «intromisión» de poderes.

Casi un hecho similar se planteó en la última audiencia del Congreso en relación a un informe solicitado a la AFIP que requería levantar el secreto fiscal. Resulta que el organismo envió la documentación en sobre cerrado, pero sin orden de un juez. Esto fue planteado por el diputado Juan Manuel López y lo que llamó la atención en Tribunales fue la respuesta de Gaillard.

«Diputado López, somos grandes y tenemos que ser responsables. Nadie debe filtrar nada de la información que ha llegado a esta comisión», contestó la diputada ante el insistente reclamo del legislador de la Coalición Cívica, quien señaló en esa reunión que un día antes el Gobierno había presentado un nuevo blanqueo, que forma parte de un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos.

Ya dentro del ámbito de la comisión advierten sobre «una falta de rumbo» en el proceso de enjuiciamiento, y se quejan porque llaman a indagatoria a testigos que «no saben ni quiénes son ni qué hacen». Fuentes judiciales apuntaron a este diario que «se ven con preocupación muchas preguntas que invaden la esfera de la privacidad, como quién es su familia, con quién se reúne el testigo».

Silvio Robles va ir a la comisión de Diputados si es citado

Desde el comienzo de las audiencias en Diputados, parte de la ofensiva del oficialismo estuvo centrada en Silvio Robles, quien fue blanco de las presiones de los kirchneristas más duros. Ya cuando comenzaron las indagatorias hubo un intento por citar al secretario de Horacio Rosatti como al entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, por los presuntos chats que los vinculaban.

La resistencia de la oposición llevó al oficialismo a demorar la citación aunque a finales del mes pasado dejaron trascender que pronto iba a ser convocado. En los Tribunales la lectura que hacen es que «de 15 testigos que les preguntaron si recibían instrucciones de Robles, todos dijeron que no». Además aseguraron que el funcionario «no tiene injerencia en la parte jurídica».

El kirchnerismo juega también en la interna que mantienen Rosatti, Rosenkrantz  y Juan Carlos Maqueda con Ricardo Lorenzetti. Un dato es que aún no fue convocado ningún representante de la vocalía del juez rafaelino.

En la Corte saben que está ofensiva es eminentemente política, pero no dejan pasar la oportunidad para marcar la diferencia con los diputados. «Mientras en la última acordada se emitieron 212 sentencias; Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, presentaron cuatro y dos proyectos, respectivamente, este año», destacó un funcionario judicial apuntándole a dos de los alfiles del kirchnerismo en esta embestida.

Ya no se esperan mayores sorpresas en lo que resta del proceso de enjuiciamiento, que aún tiene pendiente el testimonios de 186 personas, que a un ritmo de seis testimoniales por audiencia semanal, el proceso finalizará en marzo del año próximo, si el Congreso sesiona también en enero y febrero.

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