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lunes, 17 junio, 2024

Capital Humano denunció a exfuncionarios de Alberto Fernández por la desaparición de computadoras valuadas en 290 millones de pesos

Por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por unos 290 millones de pesos, la asesora letrada del Ministerio de Capital Humano presentó una nueva denuncia penal contra integrantes del gobierno de Alberto Fernández. En esa oportunidad se sospecha del manejo de equipos tecnológicos pertenecientes al Estado que estaban bajo la órbita del extinto Ministerio de Cultura.

Según consta en la denuncia, a la que accedió Clarín, la actual gestión de la cartera que dirige Sandra Pettovello, requirió al responsable de la Dirección de Tecnología de la Información del ex Ministerio de Cultura, Ignacio Caamaño, un detalle respecto al paradero los bienes tecnológicos del área.

Con una primera sospecha para impulsar este planteo, desde Capital Humano se requirió específicamente un relevamiento de las notebooks que habían sido adquiridas, su estado actual, las marcas, modelos y números de serie.

La siguiente consulta fu sobre el paradero de las computadoras: el oficio consulta qué organismo o agente las tenía a su cargo.

El requerimiento del ministerio de Capital Humano tiene fecha del 22 de febrero. Cinco días después ingresó la respuesta que detalla lo siguiente: 288 computadoras fueron adquiridas por el entonces Ministerio de Cultura, sólo 34 estaban asignadas a agentes estatales y se desconocía el paradero de las 254 restantes.

La denuncia explica que a raíz de esa respuesta, se solicitó «en forma urgente que se informe a esta Subsecretaría Legal la localización de los equipos restantes».

El 10 de abril se realizó una inspección ocular en el depósito ubicado en el subsuelo del edificio de Av. Alvear 1690 de la Capital Federal, «donde se pudo constatar la existencia de sólo 18 equipos, desconociendo el destino de los otros 174 equipos informáticos faltantes».

Estos equipos, se detalla en el informe oficial, resultan ser de la marca Lenovo modelo ThinkPad E15 Gen 4; que habrían sido adquiridos «por un precio unitario de 1.030 dólares«. Por lo que estaríamos -sostiene la denuncia penal radicada en el Juzgado 2 de Comodoro Py- «ante un perjuicio patrimonial estimado de más de 181.280 dólares, aproximadamente 290 millones de pesos a la fecha«.

Ante la gravedad de éstos hechos, explica la asesora letrada de Capital Humano, que se pudo «cotejar que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del entonces Ministerio de Cultura tenía la responsabilidad de «supervisar y coordinar, en el ámbito de su competencia, las acciones relacionadas con el registro y control de los bienes patrimoniales de la Jurisdicción, como así también lo referido al almacenamiento y distribución de suministros.»

Al observar el faltante de los insumos tecnológicos adquiridos con fondos públicos, el ministerio de Capital Humano radicó la denuncia penal en la que consta que “nos encontramos ante un gravísimo delito en perjuicio del erario público, por cuanto se habrían sustraído decenas de computadoras del ministerio de Cultura durante la gestión anterior, y todo ello, ante las narices de los funcionarios a cargo de la custodia”.

Ante la falta de respuesta del área que debía informar el paradero de esos equipos, «la denuncia penal solicita que se evalúe la posible comisión del delito de hurto o lo que resulte de la investigación judicial».

Se explicó que «no existió ninguna respuesta aclaración por parte del área responsable del resguardo de las computadoras a fecha de presentación de esta denuncia».

Es decir, concluye la denuncia penal, «que nos encontraríamos ante un gravísimo delito en perjuicio del erario público por cuanto se habrían sustraído decenas de computadoras del Ex Ministerio de Cultura durante la gestión gubernamental anterior y, todo ello, ante las narices de los funcionarios a cargo de la custodia y preservación de dichos bienes».

El petitorio formalizado ante la justicia expone la posible comisión de los delitos de hurto e Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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