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domingo, 16 junio, 2024

Los dólares que la Argentina no aprovecha

Por

Cledis Candelaresi

Por el atraso en la ejecución de su agenda verde Argentina está perdiendo el abundante crédito disponible en el mundo para proyectos que combatan el calentamiento global. Entre fondos dispuestos por el gobierno alemán y el FMI, el país tiene un piso superior a 3.000 millones de dólares al alcance de la mano si el Estado o empresas locales presentan propuestas firmes para descontaminar o paliar los efectos en el cambio del clima.

Paradójicamente, con financiamiento externo obturado para Argentina no se aprovechan dólares frescos que facilitarían algunos proyectos estructurales clave como el de construir nuevas líneas de transporte eléctrico, imprescindibles para incorporar energía “verde” (eólica o solar).

Hace pocas semanas Alemania puso a disposición recursos para líneas de transmisión eléctrica. Y el Fondo Monetario dispone de una línea especial de préstamos para costear emprendimientos que permitan disminuir la contaminación ambiental, a la que Argentina podría acceder por una vía independiente del actual acuerdo vigente de Facilidades Ampliadas.

El año pasado el FMI inauguró la línea de Resiliencia y Sustentabilidad, que provee dólares a baja tasa y largo plazo para financiar reformas estructurales que sean compatibles con la agenda de descarbonización.

Argentina podría recibir hasta 1.300 millones de dólares, pero no hay iniciativas consolidadas que permitan aprovechar esa fuente de dólares frescos.

La lista se completa con otros organismos multilaterales que operan como bancos de desarrollo: el BID, el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento, que en sólo tres años tiene que pasar del 20% al 40% de su cartera ligada a desarrollos compatibles con el medio ambiente.

El BM está proyectando créditos con tasa declinante, que baje en la medida que el proyecto financiado muestre que aporta a la descontaminación.

Por ser un país de ingresos medios, Argentina no está en las prioridades del banco. Pero, tal como advirtió en un reciente seminario de la Di Tella Lucía Spinelli, especialista en energía de la entidad, “la dimensión climática” sí le habilita al país tener préstamos inaccesibles de otro modo.

También hay bancos privados que ofrecen esta chance, a la que sólo empezaron a acudir algunas energéticas locales como YPF y PAE. Las de origen español, Santander y BBVA, entre las que tienen políticas más activas.

A pesar de las proclamas públicas en foros internacionales que hizo el presidente Alberto Fernández, Argentina viene rezagada en su agenda medioambiental. La ley vigente de energías renovables prevé que en siete años el 20% de la electricidad debe ser de fuentes renovables, porcentaje que el Gobierno amagó subir en 10 puntos en algún momento.

Sin embargo, tanto funcionarios como empresarios descuentan que aquella meta es utópica. Según Bernardo Andrews, titular de la Cámara Eólica, para aquel cometido Argentina debería ampliar sus instalaciones a un ritmo cinco veces mayor del que lo está haciendo (de 50 gigas a 250 por año).

En lo inmediato hacen falta 4.000 millones de dólares para ampliar la red de transporte eléctrico para acoger la energía que producen campos eólicos o solares, ubicados lejos de los centros de consumo.

Economía está diseñando un Plan Eléctrico Federal, pero aún no armó un mecanismo para financiarlo y hoy trata de convencer a las generadoras que es mejor avanzar con proyectos más chicos y cofinanciados por ellas.

La idea es buscar un nuevo marco regulatorio para formalizar la participación privada en proyectos de transmisión eléctrico. Quizás un mecanismo de Participación Público Privada (PPP) como intentó diseñar el Gobierno de Mauricio Macri, abortado por falta de capitales.

Durante la gestión anterior también se licitaron muchos proyectos para incorporar energía verde bajo el paraguas de una ley local muy beneficiosa: contratos a largo plazo en dólares para los nuevos generadores y un fondo de garantía que ayudaría a conseguir la plata que, aún así, en muchos casos no se pudo.

Muchas propuestas para producir electricidad de una fuente disociada el gas o el petróleo terminaron desmoronándose como hilera de naipes. Y en algún momento Economía tuvo que sortear el dilema de ejecutar las garantías de esas ofertas a riesgo de promover un quiebre de las aseguradoras que las avalaron.

Pero las energías renovables son sólo un capítulo del combate al calentamiento global, batalla en la que las acciones oficiales suelen licuarse por falta de consenso interno acerca de qué hacer y cómo.

Argentina contamina relativamente poco (menos del 1% a nivel global) y que tiene derecho a profundizar su desarrollo como lo hicieron los principales contaminadores del mundo, EE.UU. y China a la cabeza.

Tal vez sobre la base de ese dato es que el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, subrayaron en la reunión de Experiencia IDEA que se hizo días atrás en Neuquén que “Argentina es deudora financiera pero acreedora ambiental”.

Una frase que linkea a la osada propuesta que en algún momento lanzó el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, de que el país canjee deuda por acciones climáticas. Por ejemplo, reemplazando pagos de deuda por reforestación o captura del metano que emiten las vacas.

La idea finalmente es compatible con un artículo publicado a fines del año pasado por la directora del Fondo, Kristalina Giorgieva, en el que esbozó una fórmula de este tipo.

Hay dos tipos de acciones para combatir el calentamiento. “Mitigar”, que implica contaminar menos. O “adaptación”, que supone hacer cambios para paliar los efectos del cambio en el clima, como la sequía que hoy privó a las arcas públicas de miles de millones de dólares. Aquí está el punto.

Pero la definición del Gobierno, compartida por la oposición, es apostar al desarrollo del gas y petróleo, con Vaca Muerta como nave insignia. Esa es la actual prioridad de política energética que consume la libido oficial.

La exportación de hidrocarburos podría convertir el actual déficit energético de 5.000 millones de dólares en un superávit de 8.000 millones de dólares en sólo dos años, según dicen públicamente funcionarios y avalan consultores del sector. Una meta prioritaria imbatible.

Pero para que ese prometido oasis no devenga en espejismo, antes es necesario resolver lo que Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, llamó “el dilema del huevo y la gallina” en aquel cónclave patagónico: para generar dólares, las empresas deben primero disponer de ellos.

El líder de la energética de Techint reclamó públicamente que se aplique la resolución que habilita a los exportadores de gas y petróleo a disponer libremente de un 20 ó 30% de las divisas generadas por exportaciones y alertó que no se pueden importar más equipos de perforación para aumentar la producción debido al cepo, entre otras quejas.

En términos diplomáticos, finalmente Alberto Fernández puede arrimarse a los parámetros ambientales del demócrata presidente EE.UU., Joe Biden, con una idea de consenso en el mundo. El gas es el menos contaminante de los hidrocarburos y por ello un combustible de la transición energética. Cómo no aprovechar este atajo y para qué pensar en clave verde.

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